Por primera vez en su historia, Marruecos acogerá una triple cita electoral en la que se espera que la población marroquí elija a los miembros de la Cámara de Representantes, de los consejos provinciales y distritales, en un ejercicio electoral que pretende alentar y animar a que la población marroquí acuda a las urnas. Esta apelación hacia la población trata de conseguir un aumento de la tasa de participación, en comparación con las elecciones celebradas en el año en las cuales la participación no supero el 43%.
Asimismo, es la primera vez que los resultados se calculan en base al total de los inscritos en las listas electorales, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley electoral. Antes de la aplicación legislativa, los resultados se basaban únicamente en el número de votantes. Ahora, con el nuevo método, se espera que se produzca una disminución en el número de escaños de los partidos más mayoritarios y garantizar, de esta forma, el pluralismo partidista en las Asambleas.
Esta nueva ley evita, además, evitar el imperio de una corriente política frente a la oposición. Así, esta medida permite que los partidos pequeños puedan tener más fuerza en las Cámaras de representación, lo que promueve el fortalecimiento del Parlamento y de otras instituciones electas, al mismo tiempo que favorece la democratización.
De esta forma, Marruecos se prepara para persuadir a unos 18 millones de marroquíes inscritos en las listas entre los que se han presentado 30 formaciones políticas diferentes. Frente a la ausencia de encuestas de opinión que reflejen la actitud de los votantes, las estimaciones muestran que el Partido Islamista de la Justicia y el Desarrollo (PJD) perderá posiciones en contraposición de su principal rival, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), de la cual se espera que consiga aumentar posiciones respecto a los últimos comicios. En esta línea, observadores afirman que la formación PJD perderá 40 escaños, lo que explica el por qué el partido político se habría opuesto a la aprobación de una nueva ley legislativa, frente a la aprobación por mayoría del resto de partidos en la Cámara.
Posteriormente, la agrupación recurrió al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de apelación por considerarla anticonstitucional. Sin embargo, la resolución del Tribunal dictaba la constitucionalidad de la reforma legislativa, ya que el nuevo método se ajustaría a “lo que estipula la Constitución del 2011”. En esta línea, el Tribunal afirmaba que “la acreditación de Al-Qassem se basa en el registro, según lo acordado unánimemente por las partes marroquíes”.
Sin embargo, con independencia de los resultados, se espera que los partidos políticos acojan una ruta para “un nuevo modelo de desarrollo”, inaugurando una “nueva fase de proyectos y reformas”, de acuerdo con el mensaje que emitió el rey de Marruecos, Mohamed VI, en un discurso reciente.
Además, estas elecciones se celebrarán bajo el amparo de la nueva Constitución aprobada por el Reino en el año 2011, la cual otorga al Gobierno y al Parlamento amplios poderes. Sin embargo, a pesar de la ampliación de competencias, las decisiones en torno a sectores como la agricultura, la gestión del agua o la energía continuaran siendo emitidas por decretos reales.
En vísperas de la cita democrática, la campaña electoral finalmente llegara a su fin. Esta campaña ha estado marcada por la peculiaridad de la situación actual de pandemia, la cual ha restringido notablemente la celebración de actos públicos y mítines, lo que ha llevado a las formaciones a cambiar los actos presenciales por campañas virtuales. Analistas temen que esta transformación haya podido repercutir en la futura participación debido a que no toda la población tiene acceso a las plataformas digitales y, en las zonas más rurales, continúa existiendo una importante brecha digital.
