Dicen los jueces que la instrucción es la parte más divertida de su tedioso trabajo. Y así debe ser para Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira. Las pruebas aseguran que el Barça pagó durante casi 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), pero ahora queda por probar si hubo incidencia sobre los arbitrajes y algún equipo salió perjudicado.
De momento, ningún organismo se ha atrevido a sancionar al Barcelona. LaLiga se ampara en que los hechos han prescrito y no le conviene sancionar a un club en la ruina económica que es, además, la otra locomotora de la competición junto al Real Madrid. UEFA y FIFA tampoco han entrado, aunque Ceferin aseguró que pagar durante 17 años a un alto cargo del estamento arbitral era “el mayor escándalo que había visto en su trayectoria en el mundo del fútbol”. En este caso, desde el fútbol europeo se quería evitar enemistarse contra uno de los equipos implicados en la Superliga y asegurarse de que la Champions sea su competición durante muchas temporadas.
Pero en España la Justicia se mueve a su habitual paso lento. La Guardia Civil ha repetido el viaje a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como ya hiciera en 2017 para sacar a Ángel María Villar esposado y rumbo de los calabozos por la “operación Soule”.
Se buscan pruebas en el CTA que determinen si ese organismo estaba al tanto del dinero que recibía Enríquez Negreira padre e hijo que, según, las pruebas se elevan a 7,5 millones de euros por unos supuestos informes arbitrales de los que nadie sabe nada en Las Rozas ni en el Barcelona.
El juez sospecha que el CTA encubre la situación y ha aprovechado la salida de Rubiales para valorar si hay predisposición entre los trabajadores para colaborar con la investigación. Medina Cantalejo, presidente del CTA, se ha puesto de perfil ante el escándalo y se han filtrado audios donde llama “rata” y “traidor” supuestamente al árbitro Estrada Fernández por querellarse contra Negreira y su hijo.
El patrimonio inmobiliario de los árbitros Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez se vio incrementado hasta tal punto que hay una investigación abierta para saber cómo pudieron pagar numerosas propiedades de más de un millón de euros sin créditos hipotecarios.
El juez Aguirre va más allá y señala al Barça al acusa de cohecho. También han sido imputados por este mismo delito, entre otros, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del Barça, y José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero.
Al considerar a Negreira funcionario público en su etapa en la RFEF como vicepresidente del CTA, el delito de cohecho es imputable a quien haya ofrecido pagos o algún tipo de prebendas y eso incluye al Barça y a sus responsables.
En el auto del juez se recuerda la carta que Negreira envió al Barça en 2018 tras detener los pagos cuando aseguró que “si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club”, por lo que Aguirre afirma que “de esto se desprende que Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del Barça de bastante gravedad”.
La excusa de Joan Laporta de que el Barça sufre una persecución histórica ya no se sostiene. Ese mantra de la opresión del “Estado español” hacia Cataluña y hacia el Barça ya tiene negro sobre blanco en la larga instrucción del juez Aguirre en un juzgado de Barcelona, por cierto.
