Alex Erquicia
Pie de foto: Soldados colombianos en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia. REUTERS/Fredy Builes
Colombia se encuentra en pleno proceso de implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc mientras el presidente Iván Duque oficializó su oposición a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. A la par el país se ha convertido en un jugador de importancia en la crisis política y social de Venezuela. A esos factores se junta ahora que el asunto político-militar del momento en Colombia (más allá de la intervención o no), uno que evoca días muy oscuros de su pasado, se refiere a la época en la que miembros de las fuerzas de seguridad cometían ejecuciones extrajudiciales.
Conocidas como falsos positivos (el Ejército presentaba civiles asesinados al margen del conflicto como guerrilleros muertos en combate), las acusaciones de que la nueva cúpula del Ejército colombiano, nombrada por el presidente Iván Duque, está vinculada con dichas ejecuciones extrajudiciales, tiene a la defensa del país en vilo. El nuevo comandante del Ejército es la figura de mayor rango, en una lista de nueve generales, a la que se le relaciona con los falsos positivos, y que ha llevado al cuestionamiento de las promociones.
Hasta nueve generales han sido nombrados en los últimos meses, en puestos de relevancia de las fuerzas de seguridad, contra los cuales existen evidencias que los implicarían en los falsos positivos y otros abusos, según un informe de la organizaciónHuman Rights Watch. Por lo menos tres de los militares ascendidos están siendo investigados de manera directa por la Fiscalía General de la Nación. Dicho organismo además investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
El 10 de diciembre del año pasado el general Nicacio Martínez fue nombrado comandante del Ejército colombiano por el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Los otros ocho son nuevos comandantes en puestos claves del Ejército, nombrados días después de la designación de Marítinez. Como parte de las acusaciones, HRW presenta pruebas que implican al actual comandante del Ejército de Colombia en los asesinatos a inocentes civiles.
HRW aporta presuntas evidencias de que el general Martínez era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006, coincidente con la investigación que la Fiscalía tiene abiertos sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005. El general Martínez defiende su inocencia al alegar que las autoridades no han abierto ningún caso contra él. El ministro Guillermo Botero, por su parte, añadió que el general podría haber sido engañado por algún informante y defiende a su ministerio al decir que sólo están siendo investigados por la Fiscalía dos de los nueve generales mencionados en el informe.
Pie de foto: El presidente Ivan Duque, durante una reunión con Eamon Gilmore representante especial de la UE para el proceso de paz colombiano, en Bogotá el 7 de febrero de 2019. - El Ejército de Liberación Nacional ( ELN) debe mostrar su disposición a poner fin al conflicto armado en Colombia y comprender que el uso de la violencia "no es aceptable", dijo el jueves el enviado especial de la UE para el proceso de paz Eamon Gilmore. AFP PHOTO/COLOMBIAN PRESIDENCY/HO
Las ejecuciones extrajudiciales son uno de los peores crímenes en la historia nacional reciente de Colombia. Los falsos positivos tuvieron un boom entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado. Se calcula que llegaron a cobrar más un total de 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014, según la Fiscalía, y por las cuales hay más de 2.000 miembros militares detenidos. Organizaciones como HRW aseguran que hasta ahora los castigos han caído sobre militares de rangos menores, soldados rasos, y han eludido a quienes habrían entregado las órdenes o presuntamente con una mayor responsabilidad en la jerarquía.
Esta situación se produce cuando el país transcurre por la implementación de la paz tras los acuerdos de noviembre de 2016. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un tribunal de justicia transicional creada en 2018 para juzgar los crímenes de guerra más graves en Colombia, la columna vertebral de los acuerdos, es la encargada de llevar la investigación de los falsos positivos. El presidente Duque anunció la decisión de objetar seis artículos de los 159 de la ley estatutaria que reglamenta la JEP. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, apoyó la decisión de objetar dichos artículos y reconoció que se ha producido un choque de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía vigilará de cerca el desarrollo de los eventos. La ley que reglamenta la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
En diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su informe anual sobre la situación de Colombia. En el documento el organismo internacional presentó sus preocupaciones sobre el país incluyendo los casos de falsos positivos, desplazamientos forzados, delitos sexuales, entre otros. En su momento, el ministerio de Defensa entregó a la JEP los listados de 1.944 miembros de la fuerza pública, involucrados en 2.586 casos relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armando, que se han personado como voluntarios para comparecer ante la justicia transicional que ofrecerá beneficios jurídicos a cambio de verdad. Del total de militares que se alistaran en este ejercicio de la JEP, 1.750 comparecientes son integrantes del Ejército. Ahora, las nuevas acusaciones de HRW deberán ser valoradas por la JEP, con su legitimidad política en juego, aunque sea contra miembros militares y de confianza del actual gobierno colombiano.
Pie de foto: El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, habla durante una ceremonia militar.Photo by John VIZCAINO / AFP
Mientras tanto, estos días el Ejército colombiano se encuentra en estado de alerta. Por un lado están trabajando en la implementación del acuerdo de paz que hay abierto en el país entre el gobierno y las Farc tras más de cincuenta años de conflicto, a un ritmo más lento del deseado por muchos. En la construcción del posconflicto, en la que radicará la estabilidad y el éxito futuro del país, el Ejército tiene varias responsabilidades, como la erradicación de los cultivos ilícitos. El país está dividido en la lucha contra las drogas en cuanto a las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos (por los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente). El actual gobierno de Duque defiende su uso mientras que su antecesor Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, suspendió las fumigaciones con glifosato en 2015 al acatar una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno. El presidente Duque pide "una modulación de la sentencia".
Pie de foto: Un campesino ondea una bandera blanca de la paz. AP Photo/Fernando Vergara
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE - INCB, en sus siglas en inglés), organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, ha registrado cifras récord en la cultivo y producción de cocaína en Colombia en línea con los años anteriores. En su informe anual presentado recientemente dicen que el cultivo de coca ha aumentado constantemente "de las 48.000 hectáreas registradas en 2013 hasta las 171.000 en 2017".
Otro frente abierto es que el gobierno y el Ejército continúan combatiendo el pulso echado por el Ejército Nacional de Liberación (ELN), que resiste como grupo guerrillero y con actividades criminales, con el que hay pocos avances en las negociaciones de paz que, por el momento, se encuentran congeladas. En enero, el grupo se atribuyó el atentado con coche bomba matando a 21 oficiales de policía e hiriendo a 68 más. El ELN está aprovechando el proceso de paz con las Farc para expandir su presencia en regiones del país con un historial de guerrillas.
Todo ello, las nuevas alegaciones contra la cúpula, el no diálogo con el ELN, y el incremento de producción de cocaína, no le hacen ningún bien al proceso ni a las capacidades del gobierno de Iván Duque, presidente desde agosto del año pasado que hizo campaña con la promesa de modificar el acuerdo. Según International Crisis Group, el costo político de desmantelar abiertamente partes del acuerdo es muy alto. Colombia se juega mucho en la fase de la implementación de paz a lo que se suma la tensión que vive la vecina Venezuela. Pese a descender la tensión el escalonamiento a un conflicto armado sigue siendo un rumor, un hecho que distraería de los grandes retos a los que se enfrenta el país.
