El Gobierno sirio expropia tierras de ciudadanos que abandonaron el país por la guerra
Desde el exilio por la guerra civil que ha arrasado el país, algunos agricultores sirios están asistiendo atónitos a la incautación de sus antiguas granjas familiares por parte del Gobierno sirio, que posteriormente procede a subastarlas.
Las autoridades locales del noroeste del país, de nuevo en manos del Gobierno, son las responsables de organizar estas subastas de tierras fértiles.
Salman, un refugiado sirio que abandonó la región de Idlib tras una ofensiva del Ejecutivo sirio hace un año, y que ahora vive Grecia, mostró su descontento a la agencia AFP: “¿Qué derecho tiene alguien para venir y tomarlo?" La esperanza por volver a sus tierras se desvaneció cuando supo que los derechos para cultivarla habían sido vendidos a otra persona.
Fue a través de una publicación en redes sociales como descubrió la subasta de su antigua granja. “Esta tierra nos la dejaron nuestros antepasados y queremos pasársela a nuestros hijos”, dijo el refugiado de 30 años.
También otros agricultores de regiones como Hama y Alepo, adyacentes a Idlib, ven con consternación desde la distancia cómo jamás podrán regresar a sus tierras. A través de la cuenta de Facebook del Sindicato de Agricultores, afín al Gobierno de Al-Asad, o de conocidos que aún viven cerca, más pronto que tarde acaban enterándose de la expropiación de sus parcelas.
Según el Sindicato, la incautación está justificada porque los titulares de las escrituras originales estaban en deuda con el Banco Cooperativo Agrícola de Siria (ACB), que ofrece préstamos a los agricultores. Sin embargo, todos los agricultores que hablaron con la AFP negaron tener pagos pendientes y aseguraron que “es solo una excusa”.
Con esta actuación el objetivo de Damasco es impulsar la producción agrícola en medio de una crisis económica agravada por las sanciones a las que tiene que hacer frente, aprovechando que solo 235.000, de casi un millón de personas que abandonaron las regiones del noroeste, han regresado, según datos de la ONU.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han condenado las subastas de tierras en antiguos bastiones rebeldes. Diana Semaan, investigadora de la ONG en Siria aseguró que las autoridades sirias están “violando el derecho internacional”.
El juez Anwar Mejni, experto jurídico de la ONG Al Yum al-Tali y miembro de un comité constitucional apadrinado por Naciones Unidas en el marco de las negociaciones para una solución pactada a la guerra, también ha denunciado estos procedimientos “ilegales”.
Considera que “es una violación del derecho de explotación” y que se trata de “represalias contra los sirios que se han ido de sus regiones”, en definitiva, “una venganza contra la oposición”. Según el juez si de verdad el Banco de Crédito Agrícola organiza las subastas para saldar deudas, estas deberían haber contado con supervisión judicial porque “hay leyes que regulan estas situaciones”.
Otro agricultor, Abu Adel, abandonó Hama en 2012 cuando las batallas en la zona se recrudecieron, aunque esporádicamente seguía visitando sus tierras hasta que el gobierno sirio retomó el control. Contrató a varias personas para que las cuidaran, pero finalmente fueron subastadas a un miembro del comité de seguridad local.
Un caso parecido al de Amir, un hombre de 38 años que vivía en Alepo, y cuyas tierras fueron entregadas a parientes de un miembro de los servicios de inteligencia. De nada sirvió pedirle a un vecino que pujara en su nombre ya que este rehusó hacerlo por miedo.
La ley de propiedad decretada por el Gobierno de Al-Asad en 2018 fue el punto de partida para estas expropiaciones arbitrarias que buscan condenar al exilio a los opositores y dejar ciudades y pueblos donde antes eran mayoría en manos de leales a Damasco.
La ley estipuló un plazo de 30 días desde el 11 de abril de 2018 para presentar las escrituras de las propiedades en las oficinas municipales o en su defecto que un pariente lo hiciera. Algo complicado teniendo en cuenta que debido a la guerra esos papeles se han perdido o han sido destruidos. Una vez superado el plazo, el Estado procedió a confiscar y subastar las propiedades.
Muchos sirios no podían ni pueden regresar a su país o directamente no quieren por temor a represalias. Y es que, aunque las escrituras se presentaran en la oficina municipal, debían tener la aprobación de los funcionarios de seguridad. Un peligro para los que no comulgaban con Al Assad.
La ley se promulgó después de la reconquista de Guta Oriental, un bastión rebelde situado a las afueras de Damasco, y está inspirada en una ley similar puesta en marcha en Líbano tras la guerra civil.
